Más de 400 funcionarios fortalecieron sus capacidades para la resolución pacífica de conflictos en todo el país

La construcción de una sociedad más dialogante y capaz de resolver sus diferencias de manera pacífica requiere instituciones fortalecidas y servidores públicos preparados para afrontar conflictos cada vez más complejos. Con ese propósito, la Javeriana Cali, a través de su Centro de Consultoría y Educación Continua, lideró un proyecto de formación dirigido a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), orientado al fortalecimiento de competencias en mecanismos alternativos de solución de conflictos y conciliación en derecho.

La iniciativa, desarrollada en alianza con el ICBF y el ICETEX, permitió formar a más de 400 personas provenientes de 21 departamentos y 136 municipios del país, entre defensores de familia, comisarios de familia y profesionales de equipos interdisciplinarios encargados de la protección y garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

El proyecto fue liderado por la profesora Juliana Orozco Jaramillo, del Departamento de Ciencia Jurídica y Política, quien coordinó el diseño académico y la implementación de un diplomado virtual de 120 horas que combinó formación autónoma, actividades asincrónicas y encuentros sincrónicos con expertos. La propuesta académica se estructuró para responder a los retos actuales que enfrentan los funcionarios encargados de mediar conflictos familiares y comunitarios, incorporando herramientas jurídicas, habilidades de negociación, inteligencia emocional y enfoques de derechos humanos.

“Estas personas tienen la labor de conciliar e intentar que los conflictos se resuelvan de manera pacífica sin tener que acudir a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, históricamente muchos ejercían ese rol sin haber recibido una formación especializada como conciliadores”, explicó la profesora.

Para garantizar la calidad del proceso formativo,  se conformó un equipo de coordinadores, tutores y expertos temáticos que acompañaron permanentemente a los participantes durante las diferentes cohortes. Todos los tutores eran abogados con experiencia en conciliación y recibieron procesos previos de transferencia de conocimiento para asegurar la coherencia académica de los contenidos impartidos. Además, se implementaron estrategias de nivelación para favorecer la permanencia y reducir la deserción de los participantes.

De acuerdo con la profesora Juliana Andrea, uno de los principales diferenciales del diplomado fue su enfoque multidisciplinario. Además de abordar el marco jurídico y normativo de la conciliación, la formación incorporó módulos sobre teoría del conflicto, negociación, manejo de emociones, escucha activa, perspectiva de género y atención a poblaciones con especial protección constitucional.

Durante el proceso, los participantes analizaron casos reales, realizaron simulaciones de audiencias de conciliación y fortalecieron competencias para atender situaciones relacionadas con discapacidad, diversidad de género, conflictos familiares y otras realidades presentes en los territorios.

Más allá de fortalecer capacidades técnicas, el proyecto buscó generar impactos duraderos en las comunidades donde los participantes desarrollan su labor. Para el ICBF, contar con funcionarios mejor preparados significa avanzar hacia procesos de conciliación más efectivos, capaces de resolver conflictos antes de que lleguen a instancias judiciales.

“La conciliación tiene un efecto que va mucho más allá de resolver un caso específico. Cuando se logra reconstruir una relación entre padres, hijos o familiares a través del diálogo, también se fortalece el tejido social que existe alrededor de esas personas”, señaló la académica. “Si multiplicamos ese impacto en cientos de familias y comunidades, estamos contribuyendo a una transformación social mucho más amplia”.