Cuba actualiza su legislación petrolera para atraer inversión extranjera, pero mantiene un fuerte control estatal sobre los hidrocarburos

Cuba puso en marcha una actualización integral de su legislación sobre petróleo y gas en medio de una de las mayores crisis energéticas de las últimas décadas, con el propósito de modernizar las reglas aplicables a la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de participación de inversionistas nacionales y extranjeros.

El nuevo marco jurídico está compuesto por el Decreto-Ley 135/2026, "De Petróleo y Gas", y su reglamento, establecido mediante el Decreto 184/2026. La normativa deroga la Ley de Minerales Combustibles de mayo de 1938 y la Ley 635 de 1959, con lo que sustituye disposiciones que habían permanecido vigentes durante varias décadas. Según Diario de Cuba, la actualización responde a la necesidad de adecuar la legislación a las condiciones políticas, económicas, sociales y tecnológicas actuales y tiene entre sus objetivos rediseñar las reglas para la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos ("La Habana deroga leyes de 1938 y 1959 para abrir la explotación petrolera a más inversión extranjera", 2026, 12 de octubre).

Un nuevo marco para atraer inversión al sector petrolero

La nueva legislación establece un marco regulatorio que permite la participación de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en diferentes actividades relacionadas con el petróleo y el gas. Entre las modalidades contempladas se encuentran los contratos de producción compartida, las concesiones petroleras y los contratos de servicios petroleros (EFE, 2026, 19 de octubre).

Los contratos de producción compartida podrán extenderse hasta por 40 años, con posibilidad de prórroga por otros diez, mientras que las concesiones petroleras tendrán una duración de hasta 30 años, también prorrogables por diez. El marco incluye además contratos de servicios destinados a diferentes actividades de la industria de hidrocarburos ("La Habana deroga leyes de 1938 y 1959 para abrir la explotación petrolera a más inversión extranjera", 2026, 12 de octubre).

La apertura, sin embargo, no supone una transferencia de la propiedad de los recursos. La legislación mantiene el principio constitucional según el cual los yacimientos de petróleo, gas y sustancias asociadas son propiedad socialista de todo el pueblo y establece que estos recursos permanecen sujetos a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del Estado ("La Habana deroga leyes de 1938 y 1959 para abrir la explotación petrolera a más inversión extranjera", 2026, 12 de octubre).

De acuerdo con declaraciones recogidas por EFE, el director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Abigantus, explicó que la reforma pretende crear las condiciones jurídicas necesarias para incrementar progresivamente la producción de petróleo crudo y gas natural, elevar las reservas y atender la demanda nacional de combustibles y sus derivados (EFE, 2026, 19 de octubre).

La normativa también busca que la apertura abarque una cadena de valor más amplia que las actividades estrictamente extractivas. Según Abigantus, el objetivo es movilizar capacidades nacionales en los distintos servicios y actividades que requiere la industria, además de incorporar capital para las operaciones de exploración y extracción (EFE, 2026, 19 de octubre).

El Estado conserva amplias facultades de decisión

A pesar de la apertura normativa, el Estado mantiene un papel central en el funcionamiento del sector. La nueva legislación establece que el Gobierno puede denegar el otorgamiento de títulos petroleros por motivos de seguridad nacional y concede prioridad al Estado para adquirir los volúmenes de hidrocarburos que considere necesarios para garantizar la seguridad energética nacional, bajo condiciones competitivas ("La Habana deroga leyes de 1938 y 1959 para abrir la explotación petrolera a más inversión extranjera", 2026, 12 de octubre).

Esta estructura de control ha generado dudas entre especialistas sobre el alcance efectivo de la apertura. El economista Omar Everleny Pérez consideró, según EFE, que aunque la legislación busca organizar y normalizar las actividades relacionadas con el petróleo y el gas, el Estado cubano conserva un "control muy rígido" y un alto grado de centralización sobre los recursos (EFE, 2026, 19 de octubre).

En ese sentido, Pérez señaló que las autorizaciones para desarrollar actividades relacionadas con el sector continúan siendo dependientes de los niveles superiores del Gobierno, lo que, a su juicio, limita el alcance práctico de la apertura anunciada (EFE, 2026, 19 de octubre).

La regulación también establece controles destinados a impedir prácticas de evasión fiscal y mecanismos que puedan facilitar la salida irregular de capitales. El reglamento contempla restricciones a la transferencia de utilidades al exterior mediante mecanismos como la simulación de gastos, la subcapitalización excesiva, el pago de regalías tecnológicas injustificadas o la venta de hidrocarburos a empresas vinculadas por debajo de los precios de referencia internacionales ("La Habana deroga leyes de 1938 y 1959 para abrir la explotación petrolera a más inversión extranjera", 2026, 12 de octubre).

Una industria que requiere grandes cantidades de capital

Uno de los principales obstáculos para que la reforma se traduzca en una participación significativa del sector privado cubano es la magnitud de las inversiones que requiere la industria petrolera.

El economista Daniel Torralbas señaló a EFE que la autorización normativa por sí sola no resuelve las restricciones financieras del sector, debido a que la actividad petrolera es intensiva en capital y demanda importantes inversiones en tecnología, maquinaria y formación especializada (EFE, 2026, 19 de octubre).

Desde esta perspectiva, las empresas privadas cubanas tendrían dificultades para asumir por sí mismas proyectos de gran escala. Torralbas sostuvo que se trata de una actividad caracterizada por la necesidad de grandes inversiones y economías de escala, capacidades que el sector privado nacional no estaría en condiciones de proporcionar en los volúmenes requeridos (EFE, 2026, 19 de octubre).

Pérez coincidió en señalar que, aunque la nueva normativa contempla la participación de empresas nacionales y extranjeras, en la práctica los proyectos de exploración y explotación petrolera corresponden principalmente a grandes compañías con capacidad financiera suficiente para asumir los riesgos y costos asociados a la actividad (EFE, 2026, 19 de octubre).

De acuerdo con Torralbas, donde sí podría ampliarse la participación de empresas privadas cubanas es en segmentos de la cadena de valor que ya han comenzado a recibir inversiones privadas, como la comercialización, importación, almacenamiento y venta de combustibles (EFE, 2026, 19 de octubre).

La crisis energética como telón de fondo

La reforma petrolera se produce mientras Cuba enfrenta una profunda crisis energética caracterizada por una marcada escasez de combustibles y apagones prolongados. Según EFE, los cortes de electricidad han llegado a superar las 20 horas diarias en algunas circunstancias, mientras la situación energética se ha agravado desde enero por las restricciones que afectan las importaciones de crudo hacia la isla (EFE, 2026, 19 de octubre).

En este contexto, el Gobierno cubano ha presentado la actualización de la legislación petrolera como una herramienta para reducir la dependencia de las importaciones y avanzar hacia una mayor capacidad de producción nacional. La estrategia oficial también incorpora referencias a la soberanía energética y a una transición hacia fuentes renovables ("Más escasez: el régimen advierte que 'no tiene ni va a tener combustible en el corto plazo'", 2026, 23 de octubre).

Sin embargo, pocos días después de la puesta en marcha del nuevo marco regulatorio, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, advirtió que el país no tendría combustible suficiente en el corto plazo. El funcionario también defendió el objetivo de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos y sostuvo que los resultados de las políticas implementadas deberían traducirse en una mejora para la población ("Más escasez: el régimen advierte que 'no tiene ni va a tener combustible en el corto plazo'", 2026, 23 de octubre).

La situación resulta especialmente relevante debido al aumento de las importaciones de combustibles procedentes de Estados Unidos a través de operadores privados. Según datos citados por Diario de Cuba, las exportaciones estadounidenses de combustibles y derivados del petróleo hacia Cuba alcanzaron 74,86 millones de dólares en agosto de 2026, mientras que el valor acumulado entre enero y agosto se aproximó a los 232 millones de dólares ("Más escasez: el régimen advierte que 'no tiene ni va a tener combustible en el corto plazo'", 2026, 23 de octubre).

El ministro De la O Levy, por su parte, afirmó que ninguna empresa estatal cubana había conseguido contratos para adquirir combustible y sostuvo que las cantidades que ingresaban al país ni siquiera cubrían el 3 % de las necesidades nacionales ("Más escasez: el régimen advierte que 'no tiene ni va a tener combustible en el corto plazo'", 2026, 23 de octubre).

Importaciones privadas y control sobre los recursos

El incremento de las importaciones de combustible a través de empresas privadas también ha generado interrogantes sobre el destino final de esos recursos. Según Diario de Cuba, investigadores independientes han cuestionado que los volúmenes importados respondan exclusivamente a las necesidades de los negocios privados.

Entre los analistas citados se encuentra Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, quien considera que la magnitud de determinadas importaciones sugiere la participación de la estatal Unión Cuba Petróleo (Cupet) como receptora y distribuidora final, debido a que sería la entidad que cuenta con la infraestructura logística necesaria para almacenar y procesar esos volúmenes ("Más escasez: el régimen advierte que 'no tiene ni va a tener combustible en el corto plazo'", 2026, 23 de octubre).

Estas afirmaciones contrastan con la posición expresada por las autoridades cubanas, que han insistido en que el acceso al combustible importado mediante las nuevas vías debe beneficiar al sector privado y que el Estado aún enfrenta importantes restricciones para garantizar el suministro nacional.

La controversia refleja uno de los principales desafíos de la nueva legislación: aunque el marco jurídico amplía formalmente el espacio para la inversión privada y extranjera, el Estado mantiene la propiedad sobre los recursos, conserva facultades decisivas sobre las autorizaciones y establece mecanismos para priorizar el abastecimiento nacional.

Regulación fiscal y protección ambiental

La nueva normativa también incorpora disposiciones específicas sobre el régimen económico de las operaciones petroleras. En los contratos de producción compartida se establecen límites máximos para la recuperación de costos, equivalentes al 65 % de la producción bruta en tierra y aguas someras y hasta el 75 % en aguas profundas. Para las concesiones se contemplan, además, cánones de superficie y regalías escalonadas ("La Habana deroga leyes de 1938 y 1959 para abrir la explotación petrolera a más inversión extranjera", 2026, 12 de octubre).

El marco jurídico reconoce asimismo el carácter de alto riesgo de las actividades de hidrocarburos y establece un régimen de responsabilidad objetiva ante daños ambientales e industriales. Esto implica que el operador puede ser considerado responsable de los daños ocasionados sin necesidad de demostrar culpa o negligencia, siempre que pueda acreditarse la relación causal entre la actividad desarrollada y el daño producido ("La Habana deroga leyes de 1938 y 1959 para abrir la explotación petrolera a más inversión extranjera", 2026, 12 de octubre).

La regulación incluye igualmente disposiciones sobre el manejo del gas y limita su venteo y quema en antorcha, salvo en situaciones de emergencia justificadas. Con estas medidas, el nuevo marco busca incorporar obligaciones ambientales y de seguridad a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos ("La Habana deroga leyes de 1938 y 1959 para abrir la explotación petrolera a más inversión extranjera", 2026, 12 de octubre).

Una apertura condicionada por la crisis y las restricciones externas

La actualización de la legislación petrolera representa, en términos formales, una ampliación de las posibilidades de participación de empresas nacionales y extranjeras en la industria cubana. Sin embargo, los expertos consultados por EFE advierten que la existencia de un nuevo marco jurídico no garantiza por sí misma la llegada de inversiones de gran escala, especialmente en un sector que exige importantes recursos financieros, tecnología especializada y capacidad operativa (EFE, 2026, 19 de octubre).

A estas limitaciones internas se suman las restricciones externas que afectan la economía cubana. Según EFE, las sanciones estadounidenses han contribuido a alejar a algunos inversionistas extranjeros. Entre los casos mencionados figura la empresa minera canadiense Sherritt International, que, después de tres décadas de presencia en Cuba, suspendió su participación directa en sus empresas mixtas Moa Nickel y Energas (EFE, 2026, 19 de octubre).

El Gobierno cubano enfrenta así el desafío de atraer capital para desarrollar una industria estratégica sin renunciar al control estatal sobre los yacimientos y sobre las principales decisiones relacionadas con los hidrocarburos. La reforma pretende ampliar la participación de actores privados y extranjeros, pero mantiene una estructura en la que el Estado conserva la propiedad de los recursos y amplias facultades regulatorias.

En un contexto caracterizado por la escasez de combustibles, los prolongados apagones y la creciente dependencia de las importaciones, la efectividad de la nueva legislación dependerá no solo de las posibilidades jurídicas que ofrece a los inversionistas, sino también de la capacidad de Cuba para atraer capital, tecnología y conocimientos especializados suficientes para aumentar la producción nacional y mejorar la disponibilidad de combustibles.

Referencias

EFE. (2026, 19 de octubre). Cuba ajusta su ley petrolera, pero expertos ven un sector privado pequeño y control rígido. SWI swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/cuba-ajusta-su-ley-petrolera%2C-pero-expertos-ven-un-sector-privado-peque%C3%B1o-y-control-r%C3%ADgido/92239254

La Habana deroga leyes de 1938 y 1959 para abrir la explotación petrolera a más inversión extranjera". (2026, 12 de octubre). Diario de Cuba. https://diariodecuba.com/economia/1791830569_69363.html

Más escasez: el régimen advierte que 'no tiene ni va a tener combustible en el corto plazo'. (2026, 23 de octubre). Diario de Cuba. https://diariodecuba.com/cuba/1792788927_69521.html

Nota

La imagen de la noticia, así como la de previsualización, representan de manera conceptual las dificultades que enfrentan las empresas privadas interesadas en participar en el sector petrolero cubano, aun en un contexto de flexibilización del marco normativo para la inversión nacional y extranjera. Las composiciones buscan reflejar la elevada intensidad de capital, las necesidades de tecnología, financiamiento y economías de escala propias de la actividad petrolera, así como la tensión entre la apertura de nuevas modalidades de participación y el mantenimiento de un control estatal rígido sobre los recursos estratégicos y las operaciones del sector. Arte digital de autoría propia generado con Inteligencia Artificial, 2026.